A 9 años de Ayotzinapa: Entre la deuda y la dignidad

Hoy 26 de septiembre, nos encontramos, una vez más, alzando nuestra voz por Ayotzinapa. Desde el Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos nos sumamos a las familias, organizaciones y personas solidarias en su infatigable exigencia de verdad y justicia para los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, de Tixtla, Guerrero. Se cumple un año más de ignominia y deuda histórica del Estado Mexicano y sus instituciones con estos jóvenes mexicanos que buscaban convertirse en maestros rurales para mejorar las condiciones de vida de sus comunidades, usando como herramientas la educación y el compromiso social.

43 jóvenes normalistas desaparecidos forzadamente, 3 más ejecutados (uno de ellos, torturado brutalmente), un adolescente y el chofer del equipo de futbol “Los Avispones de Chilpancingo”, así como una mujer, también ejecutados, 31 personas heridas y muchas otras desplazadas, fue el saldo de un ataque conjunto, planificado, coordinado y monitoreado que involucró a fuerzas policiacas (municipales, estatales, ministeriales y federales), cuerpos militares (SEDENA, SEMAR) y de inteligencia (CISEN, CIM, OBI’s y CRFI), además de presuntos paramilitares e integrantes del crimen organizado (GU). Gracias a las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la CIDH, sabemos que a estas graves violaciones a los derechos humanos -que responden a las características de estrategias contrainsurgentes- se agregan: el inmediato ocultamiento de hechos y de pruebas, la contaminación reiterada de escenas del crimen y evidencias forenses, el uso de la tortura para la fabricación de culpables, la desarticulación de las investigaciones judiciales, la simulación y construcción organizada de pruebas falsas y de mentiras institucionalizadas, la diseminación de discursos de criminalización, el histórico hostigamiento e infiltraciones en las Normales Rurales, y la represión y revictimización continuada contra las familias y organizaciones que las representan.

Pese a la veintena de reuniones entre los familiares y el Gobierno Federal actual, y pese a las investigaciones de la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) y de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ), seguimos sin conocer la verdad y el paradero de los estudiantes desaparecidos.

Durante 9 años, las familias de los estudiantes normalistas desaparecidos y ejecutados han enfrentado múltiples daños e impactos psicosociales. La incertidumbre por el paso del tiempo sin obtener respuestas confiables y la continua inquietud por desconocer el paradero de sus seres queridos. A ello se suma el desgaste físico, mental y emocional, las pérdidas acumuladas en la salud personal, en la tranquilidad familiar, en su economía y en los proyectos de vida de sus integrantes. La desaparición es una forma permanente de tortura que impide realizar el duelo por la pérdida de un ser querido, precisamente por no saber si se encuentra con vida o no. A lo largo de este tiempo y en medio del silencio que oculta la verdad de todo lo que ocurrió la noche del 26 de septiembre del 2014, han muerto los familiares Minerva Bello Guerrero, Bernardo Campos Cantor, Saúl Bruno García, Ezequiel Mora y Raúl Teófilo Mondragón, llevándose el corazón roto.
A estos daños se suman los impactos que se desprenden de las investigaciones y los obstáculos en las mismas por las autoridades responsables, locales y federales, que se coordinaron para la construcción de la “verdad histórica”, y que, tras el desvelamiento de su falsedad, continuó revictimizando a las familias y engañando a la sociedad usando otras estrategias: la falta de apoyo para el GIEI, la protección a la SEDENA, la simulación de los gobiernos en turno, la incapacidad o entorpecimiento constante para crear las condiciones necesarias para la búsqueda con vida y la localización de los estudiantes, así como para ubicar, judicializar y sancionar a los responsables a lo largo de estos 9 años. La criminalización de los estudiantes, sus familias y las organizaciones que les acompañan, ha pretendido responsabilizarles de su desaparición o ejecución y deslegitimar la lucha que mantienen.
En 9 años las familias de los 43 normalistas desaparecidos, de los estudiantes ejecutados, los estudiantes heridos y sobrevivientes, han mantenido su lucha. Se han acompañado en el dolor para la exigencia de verdad y justicia, se han plantado frente a diversas autoridades para dialogar, pero también para exigir; se han organizado para la búsqueda, para mantener la memoria y dignificación de sus hijos a través de diversas acciones. Tal es el caso de las Jornadas de Lucha, en las que cada 26 de septiembre se apropian de los espacios públicos para dialogar con organizaciones, con otros jóvenes estudiantes, con otros familiares de personas desaparecidas, con la población en general. Otro ejemplo es el Antimonumento de +43, instalado en una de las vías principales para que nadie se olvide de que en México hay más de 100 mil personas desaparecidas.

Desde el Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos, exigimos: